La gestión de una comunidad está regulada por diversas normativas que aseguran un entorno justo y ordenado.
Ley de Propiedad Horizontal (LPH):
Es la normativa base que regula el funcionamiento de las comunidades. Define aspectos como:
- Derechos y deberes de los propietarios.
- Reglas para convocar asambleas y tomar decisiones.
- Gestión de morosidad.
Normativa de accesibilidad:
Obliga a las comunidades a adaptar sus instalaciones para garantizar el acceso a personas con movilidad reducida. Esto incluye la instalación de rampas, ascensores o la eliminación de barreras arquitectónicas.
Regulación de instalaciones comunes:
Leyes específicas supervisan la seguridad y mantenimiento de elementos como ascensores, sistemas eléctricos, piscinas y garajes.
Obligaciones fiscales:
Las comunidades deben cumplir con ciertas obligaciones tributarias, como el pago de impuestos o la emisión de facturas a nombre de la comunidad.
Este marco legal asegura que las comunidades operen de manera ordenada y dentro de los límites legales.